La ECCA destaca el impacto en la competitividad agrícola de la confusión normativa sobre protección de datos en España.
La conferencia LATAM de Asociación Europea para el Cuidado de Cultivos (ECCA), La organización que representa al sector de la protección fitosanitaria pospatente en Europa ha puesto de relieve la confusión normativa que sufren los agricultores españoles a la hora de acceder a productos fitosanitarios pospatente (PPP) más asequibles y su impacto en la competitividad agrícola.
La interpretación que hace España de las normas de protección de datos está generando confusión regulatoria al mezclar dos conceptos jurídicos distintos —el artículo 59 y el artículo 63— del Reglamento (CE) n.º 1107/2009. Las autoridades españolas están bloqueando el acceso a las PPP posteriores a la patente al interpretar el artículo 59 del Reglamento (CE) n.º 1107/2009, que otorga a los titulares el derecho temporal a impedir que un informe de ensayo o estudio se utilice en beneficio de otro solicitante, como si estuviera vinculado al artículo 63, que en realidad se refiere a la confidencialidad de la información empresarial verdaderamente sensible.
Cabe destacar que esta confusión restringe el acceso de los agricultores españoles a productos fitosanitarios pospatente (PPP) más asequibles, lo que aumenta los costes de producción y reduce la competitividad agrícola.
“En medio de la actual confusión normativa, España está utilizando la protección de datos como pretexto para restringir el acceso a la información regulatoria y retrasar la autorización de productos fitosanitarios postpatentes, incluso cuando el período legal de protección ya ha expirado”, declaró Paolo Marchesini, director general de ECCA. “Esta interpretación va más allá de la intención original del legislador y crea obstáculos —y costes— innecesarios para las explotaciones agrícolas de toda Europa. No podemos permitir que se les aten las manos a los agricultores’.”
“Desde la fundación de ECCA, nuestro mensaje ha sido sencillo: los agricultores europeos no deben recibir un trato diferente en función de cómo cada Estado miembro interprete la misma legislación”, añadió Marchesini. “La Ley Ómnibus [de Simplificación de la Seguridad Alimentaria y de los Piensos] ofrece una oportunidad largamente esperada para establecer un marco regulatorio armonizado para los productos fitosanitarios pospatentes, eliminando las barreras del mercado intracomunitario y garantizando un acceso justo e igualitario a la protección fitosanitaria para todos los agricultores europeos”.”
Las consecuencias económicas para los agricultores en España y en toda Europa.
España es uno de los productores agrícolas más importantes de Europa, con agricultores que cultivan una gran variedad de productos, como aceitunas, uvas, cítricos, hortalizas y cereales. Es el mayor productor de frutas y hortalizas de Europa, con aproximadamente una cuarta parte de la producción total de la UE, y también el mayor productor mundial de aceite de oliva (Comisión Europea, Consejo Oleícola Internacional). Al mismo tiempo, la agricultura española se enfrenta cada vez más a desafíos relacionados con el clima, como sequías prolongadas, el aumento de las temperaturas y nuevas plagas.
En este contexto, el acceso oportuno a productos fitosanitarios eficaces y a precios competitivos es fundamental para mantener la productividad y salvaguardar la competitividad de uno de los sectores exportadores más importantes de España. Restringir el acceso a los productos fitosanitarios cuyas patentes han expirado reduce la disponibilidad de alternativas más económicas y puede aumentar la dependencia de los agricultores de productos más caros, lo que agrava las presiones existentes relacionadas con la inflación de los alimentos, el coste de los fertilizantes, los precios de la energía y la inestabilidad geopolítica general.
Las consecuencias económicas también son significativas para la industria fitosanitaria posterior a la expiración de la patente. Los periodos de protección de datos poco claros o prolongados artificialmente pueden incrementar el coste de preparación de un expediente de producto en un promedio de aproximadamente 3,7 millones de euros. ECCA estima que, solo para sus miembros, se podrían evitar alrededor de cuatro expedientes de este tipo al año, lo que representa aproximadamente 14,8 millones de euros en costes anuales innecesarios.
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