Los precios más altos del glifosato, la mayor demanda de glifosato, los precios favorables de los cultivos y el uso de más fungicidas ayudaron al mercado estadounidense a expandirse en 2008 a su mayor crecimiento en valor de protección de cultivos en más de una década, según la consultora de investigación y seguimiento Phillips McDougall.
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Los altos precios de los cultivos impulsaron las demandas de rendimiento que hicieron que las aplicaciones de fungicidas fueran rentables para los productores, y la adopción de maíz de triple pila impulsó la demanda de glifosato, que también experimentó precios favorables.
No-till agriculture is expected to expand in the US on the back of glyphosate and other non-selective herbicides, says Leonard Gianessi, director of the Crop Protection Research Institute in Washington, DC. In addition, penetration of post-patent products is expected to gain market share in the US as “there are no major pests in the US that can’t be controlled by a generic” now that azoxystrobin’s patent has expired, he says.
El área total sembrada en los EE. UU. Permaneció casi igual, pero los agricultores cambiaron al cultivo de soja en lugar de maíz para mitigar la necesidad de fertilizantes, especialmente nitrógeno, que fue costoso el año pasado. El efecto combinado de estos factores hizo que el cultivo de soja fuera más rentable que el maíz, a pesar de la demanda de etanol, por primera vez en muchos años, según Matthew Phillips, socio de Phillips McDougall.
“In 2008 we believe that the US market increased by 8% in value, the first significant increase in the value of the market since the introduction of GM crops in 1996/1997,” he says.
Los agricultores de EE. UU. Necesitan un permiso para plaguicidas
Podría resultar más difícil para los productores estadounidenses aplicar productos fitosanitarios. Hasta principios de este año, los agricultores estadounidenses no estaban obligados a solicitar la aprobación para aplicar pesticidas a sus cultivos. La Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (EPA) otorgó exenciones a los agricultores en la Ley de Agua Limpia de 1972, por lo que no necesitarían solicitar un permiso en sus respectivos estados, lo que podría llevar mucho tiempo y dificultar que los agricultores lleguen a tiempo con imprevistos pero aplicaciones de plaguicidas necesarias.
Esa exención de contaminación de fuente puntual ha sido derogada por un panel de tres miembros del Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito (Ohio) en una queja presentada por defensores del medio ambiente. Los agricultores se verán obligados a obtener permisos para la aplicación de pesticidas en, sobre o cerca de cuerpos de agua si la regla entra en vigencia. Una petición presentada por grupos de agricultores y defensores de la protección de cultivos aún estaba pendiente en la época anterior.
CropLife America, farm groups, Agriculture Secretary Tom Vilsack and Senators Tom Harkin and Saxby Chambliss, the chairman and ranking member of the Senate Agriculture Committee, criticized the decision and asked EPA to challenge it. The EPA declined to challenge the decision, but the agency put a stay on the rule’s implementation until April 2011.
“We are being forced into a double regulatory situation,” CropLife America CEO Jay Vroom told Farm Chemicals International. “Our products are registered for use by EPA by the Office of Pesticide Programs. And now, even though Congress since the very earliest days of the Clean Water Act has always provided an agricultural exception for non-point source pollution of regulation of agricultural activities, this court has decided to also require farmers to be regulated as point-source polluters, so it’s like double jeopardy at its most basic unconstitutional nature.”
La nueva regla podría reducir el consumo de productos fitosanitarios de dos maneras: primero, los productores podrían decidir renunciar a las aplicaciones discrecionales de pesticidas para evitar la molestia de solicitar un permiso. En segundo lugar, las apariciones de plagas a menudo surgen inesperadamente. Sin aplicaciones inmediatas de pesticidas, los agricultores podrían perder su ventana de eficacia óptima o, lo que es peor, podrían experimentar pérdidas de cultivos mientras esperan la aprobación.
“This ruling very much has the potential for creating so much additional liability concern for farmers as pesticide users — as well as administrative headaches — that it may well impact the use of our products that otherwise are approved and safe,” Vroom says.