Estados Unidos se encuentra en un punto muerto interesante en 2012. Con la expiración de innumerables medidas legislativas, incluidas la Ley Agrícola y la PRIA, un Congreso que ha aprobado leyes en mínimos históricos y una elección presidencial, la agricultura se enfrenta a una variedad de problemas que podrían afectar la forma en que los agricultores aplican los productos fitosanitarios.
Los grupos de defensa de la protección de cultivos están trabajando con legisladores y entidades gubernamentales para garantizar la viabilidad de la industria en los próximos años con la aprobación de la Ley Agrícola y las regulaciones que involucran técnicas de aplicación y deriva de aspersión.
FACTURA GRANJA 2012
Los legisladores del Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes de los EE. UU. Aprobaron recientemente una versión de la Ley Federal de Reforma Agrícola y Gestión de Riesgos de 2012 (FARRM), también conocida como Ley Agrícola, que aborda específicamente los permisos duplicados de pesticidas.
La Cámara incluyó lenguaje en el Proyecto de Ley Agrícola tomado directamente del Proyecto de Ley 872 de la Cámara, también conocido como la Ley de Reducción de Cargas Regulatorias, que se introdujo para eximir a los agricultores y minoristas de EE. UU. De presentar permisos del Sistema Nacional de Eliminación de Descargas de Contaminantes (NPDES) si el pesticida ya estaba registrado. . La HR872 fue aprobada originalmente por la Cámara en marzo de 2011 y actualmente está a la espera de ser aprobada por el Senado.
“Duplicative and costly regulations are stifling growth for American agribusinesses by essentially forcing them to obtain permits for something they are already in compliance with,” said Jeff Sands, Director of Public Policy, Agricultural Retailers Association.
Los grupos de defensa de la protección de cultivos se están uniendo detrás de la adición legislativa. Sin embargo, el Congreso está en receso en agosto, lo que deja un espacio limitado para el debate en el piso sobre temas como los recortes presupuestarios.
“The Farm Bill will not be exempt from any deficit reduction techniques and given the economic climate of the country, cuts are just part of the territory,” says Sands. “Each food or agricultural entity has different funding concerns in each title. The most crucial thing Congress must do in levying cuts to various programs is to make sure that the approach is balanced and the funding levels are equitable.”
The Senate version of the bill contains a proposed $23 billion in cuts over the next 10 years, including the phase out of direct payments or farmer subsidies, a program that alone costs $5 billion per year. The House’s version of the Farm Bill has a recommended $35 billion in cuts but does not eliminate direct payments.
El sentimiento entre muchos grupos de defensa de la protección de cultivos es que es poco probable que la Ley Agrícola se complete para el 30 de septiembre de 2012.
Según los grupos, es probable que el Congreso extienda el proyecto de ley actual por un año, y esto significa que probablemente se realizarán recortes más profundos a medida que continúe el gasto.
“It just gets worse if nothing is done,” says Jeff Blackwood, director of government relations, The Fertilizer Institute. “The Congress baseline will go down next year. The pie gets smaller.”
ACTO DE AGUA LIMPIA Y REDUCCIÓN DE LA DERIVA
Legislators are looking to redefine the US Environmental Protection Agency’s jurisdiction under the Clean Water Act. The Clean Water Act dictates which waterways are under EPA jurisdiction.
Past guidance handed down from the Supreme Court does not clarify to what “navigable waters” refer. This means small waters such as rivers or tributaries and wetlands could be under EPA watch.
Sin embargo, una nueva propuesta (HR 4965) requeriría que la Corte Suprema dicte reglas en lugar de orientación sobre aguas navegables. HR 4965 se estaba debatiendo en la Cámara en el momento de la publicación.
“It would define how the EPA is going to use what it has heard from Congress and what is its interpretation of Supreme Court about where the line of jurisdiction lies,” says Rebeckah Adcock, senior director government affairs, CropLife America. “In general, the private sector believes this issue procedurally has no business being done by guidance.”
A strict interpretation of “navigable waters” under the Clean Water Act would make it almost impossible for both aerial and ground applicators to receive approval because of spray drift.
“If you can’t apply pesticides around water, it’s going to make pesticide applications more difficult,” says Mary Kay Thatcher, American Farm Bureau.
Esto, a su vez, afecta negativamente los permisos de pesticidas.
“You’re going to see a lot more permits necessary,” says Dr. Susan Ferenc, president, the Council of Producers & Distributors of Agrotechnology (CPDA). “The suggested buffer zone will greatly affect applicators as pesticide general permits (PGP) butt up against jurisdiction.”
A medida que la deriva de la pulverización y las vías fluviales de los EE. UU. Están pasando a un primer plano, la industria de protección de cultivos de EE. UU. Y la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (EPA) buscan abordar la Tecnología de Reducción de Deriva (DRT).
A new Drift Reduction Technology voluntary verification program is about to launch which will list nozzles and their ratings in a 1, 2 or 3 starred method after extensive testing following guidelines set by the EPA’s Office of Pesticide Programs (OPP).
This provides a standard method of validation, additional information for decision making about nozzle types and more options for applicators to manage drift, said Jay Ellenberger, Deputy Director, EPA Office of Pesticide Program’s Field and External Affairs Division at the CPDA spring conference.
Con 1 millón de libras de pesticidas aplicados por año, el programa de certificación es un paso hacia la administración ambiental. Aproximadamente 1% a 10% aplicaron pesticidas a la deriva de su sitio objetivo, dijo Ellenberger.
A su vez, alrededor de 2.500 incidentes relacionados con la deriva de reclamos por año se informan a los departamentos de agricultura de los Estados Unidos.
El programa se iniciará en agosto de 2012 con la confirmación del protocolo de prueba final, el lanzamiento del sitio web y comunicaciones adicionales. A partir de la primavera de 2013 se utilizarán nuevas etiquetas que se refieren a DRT.
Estados Unidos está en un
interesante impasse en
2012. Con el vencimiento
de innumerables medidas legislativas
incluyendo la granja
Bill y PRIA, un Congreso
que ha aprobado legislación en mínimos históricos
y una elección presidencial, agricultura
enfrenta una variedad de problemas que podrían
potencialmente impactar la forma en que los agricultores aplican
productos fitosanitarios.
Grupos de defensa de la protección de cultivos
están trabajando con legisladores y el gobierno
entidades para asegurar la viabilidad de
la industria en los próximos años con la
aprobación de la Ley Agrícola y las regulaciones
que involucran técnicas de aplicación y
deriva de pulverización.
FACTURA GRANJA 2012
Legisladores del Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes de EE. UU.
aprobó recientemente una versión del
Reforma y riesgo de la agricultura federal
Ley de Gestión de 2012 (FARRM), también
conocido como Farm Bill, que específicamente
aborda los permisos de plaguicidas duplicados.
La Casa incluyó el lenguaje en el
Factura agrícola tomada directamente de la factura de la casa
872, también conocido como el regulador de reducción
Ley de cargas, que se introdujo
para eximir a los agricultores y minoristas estadounidenses de
presentando Descarga Nacional de Contaminantes
Permisos del sistema de eliminación (NPDES)
si el plaguicida ya estaba registrado.
HR872 pasó originalmente la Cámara en
Marzo de 2011 y actualmente está a la espera de
pasaje del Senado.
“Duplicative and costly regulations
están sofocando el crecimiento de las empresas agrícolas estadounidenses
esencialmente forzándolos
para obtener permisos para algo que son
already in compliance with,” said Jeff
Sands, Director de Políticas Públicas, Agrícola
Asociación de Minoristas.
Los grupos de defensa de la protección de cultivos
reuniéndose detrás de la adición legislativa.
Sin embargo, el Congreso está en receso en agosto,
lo que deja espacio limitado para el piso
debate sobre temas como los recortes presupuestarios.
“The Farm Bill will not be exempt
de cualquier técnica de reducción del déficit y
dado el clima económico del país,
cuts are just part of the territory,”
says Sands. “Each food or agricultural
entidad tiene diferentes preocupaciones de financiación en
cada título. Lo más crucial del Congreso
debe hacer al imponer recortes a varios
programas es asegurarse de que el enfoque
está equilibrado y los niveles de financiación
are equitable.”
La versión del Senado del proyecto de ley contiene un
propuso $23 mil millones en recortes durante el próximo
10 años, incluida la eliminación gradual de los
pagos o subvenciones a los agricultores, un programa
solo eso cuesta $5 mil millones por año. El
House’s version of the Farm Bill has a recommended
$35 mil millones en recortes, pero no
eliminar los pagos directos.
El sentimiento entre muchos cultivos
grupos de defensa de la protección es que es
Es poco probable que se complete la Ley Agrícola
antes del 30 de septiembre de 2012.
Según los grupos, es probable que
El Congreso prorrogará el proyecto de ley actual para
un año, y esto significa recortes más profundos probablemente
se realizaría a medida que continúe el gasto.
“It just gets worse if nothing is done,”
dice Jeff Blackwood, director de gobierno
relaciones, The Fertilizer Institute.
“The Congress baseline will go down
next year. The pie gets smaller.”